Precio al Carbono – La fórmula para un planeta de emisiones neutras


Escrito por Enrique Lendo, Business Development Mexico Advisor.


El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo estabilizar el incremento promedio de temperatura del planeta en 1.5 °C para evitar efectos catastróficos. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la meta se alcanzará sólo si las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) llegan a su pico en 2030 y son neutras en 2050

La transformación requerida para descarbonizar nuestra economía es monumental. Implica reconvertir la matriz energética, electrificar el transporte, potenciar la eficiencia en el uso de recursos, revertir la deforestación y asegurar un desarrollo urbano inteligente. Se estima que el costo de inversión en infraestructura para alcanzar las metas globales de cambio climático y desarrollo sustentable es cercano a $7 billones de dólares anuales, equivalente a 5 veces el PIB de México. 

¿Quién pagará el costo de la transición? Probablemente la única alternativa para asegurar una transición energética con la celeridad requerida por el Acuerdo de París sea la aplicación generalizada de esquemas de “esquemas de precio al carbono”, que se basan en el “principio de quien contamina debe pagar”. 

Según el Banco Mundial, los esquemas de precio al carbono alrededor del mundo han crecido de forma exponencial en las últimas dos décadas al pasar de 7 en 2000 a 61 hoy en día. De estos, 30 son impuestos a las emisiones y 31 son sistemas derechos de emisiones comercializables (SCE). Los esquemas de precio al carbono son aplicados por gobiernos nacionales y subnacionales, abarcan el 22% de las emisiones globales y representaron una recaudación de $ 45 mil millones de dólares en 2019. Con señales inmediatas a los agentes económicos, inducen innovación, eficiencia en uso de recursos y cambios importantes a los patrones de producción y consumo.

En 2014, México fue el primer país latinoamericano en adoptar un impuesto al carbono que a la fecha ha recaudado $ 1, 800 millones de dólares. Este año también arrancó el programa piloto del SCE para empresas con emisiones anuales superiores a 100 mil toneladas de C02 en los sectores energía e industria. El SCE de México entrará en vigor en 2023 y será el primero en su tipo en la región. 

Además de los esquemas de precio al carbono adoptados en el ámbito federal, en los últimos días algunos gobiernos subnacionales han mostrado interés en adoptar impuestos a las emisiones GEI con fines ambientales, recaudatorios y en respuesta a medidas del gobierno federal que impiden el desarrollo de energías renovables. El estado de Tamaulipas ya adoptó un impuesto a las emisiones de Co2 y Jalisco anunció que su impuesto entrará en vigor en 2021. Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima y Guanajuato actualmente consideran medidas impositivas similares.  

Si bien los esquemas de precio al carbono alrededor del mundo han avanzado de forma notable, su impacto es aún insuficiente. Según la Coalición de Liderazgo para Precio al Carbono (CPLC), el precio necesario para alcanzar la meta del Acuerdo de Paris tendrá que ser de $75 dólares por tonelada de Co2 en 2030. La mitad de los esquemas que actualmente operan en el mundo han fijado su precio por debajo de $10 dólares y en el caso de México es de tan sólo $2 dólares. En este sentido, se necesita un incremento sustancial tanto en el precio como en la cobertura de las emisiones para inducir la transformación requerida. También es necesario vincular los esquemas al interior de los países y entre países para aumentar su eficiencia. 

Asimismo, para asegurar la aceptación social, es indispensable que las políticas de precio al carbono consideren medidas de compensación a sectores y consumidores afectados que pueden financiarse con la misma recaudación. La recuperación económica post-Covid ofrece la oportunidad de ajustar los precios relativos de la energía para transitar hacia la neutralidad de emisiones.  

Publicado en diario Reforma de México.

Monica de Oliveira