Recuperación Verde basada en la fijación de precios del carbono y la Financiación Sostenible para América Latina


Escrito por Enrique Lendo, Business Development Mexico Advisor


El panorama económico actual es complejo, un escenario diferente de todas las proyecciones de sostenibilidad que se tenían para el 2020. A nivel macroeconómico, los gobiernos pueden ahora elegir si los incentivos incorporados en sus políticas de recuperación económica se dirigirán a las industrias tradicionales, menos competitivas y más contaminantes, o a los sectores que generarán beneficios económicos y bienestar social a largo plazo. Por ejemplo, la inversión en energía renovable podría aportar ganancias de 100 billones de dólares, crear 42 millones de nuevos empleos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la energía en un 70% para 2050.

A nivel micro, los fabricantes tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias de las cadenas de valor de un mundo menos interconectado y encontrar proveedores de insumos más cercanos a sus centros de producción. En el sector de los servicios, la digitalización y la virtualización se han ampliado como nunca antes, fomentando la innovación y el desarrollo de nuevos productos y procesos. Sólo estas empresas y sectores capaces de adaptarse con creatividad y rapidez sobrevivirán en el mundo post-Covid.

En los próximos meses se movilizarán billones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de los gobiernos nacionales, los grupos regionales y las jurisdicciones subnacionales han manifestado su intención de tener en cuenta los principios de sostenibilidad y los instrumentos de política en sus planes de recuperación económica. La Unión Europea ha ratificado su compromiso de emisiones netas cero para 2050 al establecer un » Acuerdo Verde» en el centro de su estrategia de recuperación económica, mientras que el nuevo gobierno de Corea del Sur basará su plan de recuperación económica en incentivos para la recuperación verde a fin de alcanzar la neutralidad en materia de carbono para 2050.

En América, esta cuestión ha formado parte del debate en las recientes elecciones legislativas de los Estados Unidos y las próximas elecciones nacionales, en las que los legisladores han propuesto un «Acuerdo Verde» como uno de los pilares de la estrategia de recuperación económica. Además, varios gobiernos regionales, como los de Nueva York y California, han incorporado objetivos climáticos y ecológicos en sus planes de recuperación económica. Por otra parte, el gobierno federal del Canadá ha declarado que la crisis no obstaculizará su compromiso con el cambio climático y está apoyando proyectos de inversión para ayudar a las industrias a cumplir sus objetivos en materia de emisiones de metano. Sin embargo, notablemente, los programas de cambio climático y sostenibilidad han estado ausentes en el lenguaje de los políticos, directores generales y otros responsables de la toma de decisiones en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Aunque ALC contribuye sólo un 11% a los gases de efecto invernadero (GEI) mundiales, la región es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, muchos países de la región se han destacado por sus estrategias de mitigación y adaptación, con esquemas emergentes de fijación de precios del carbono en México, Colombia, Chile y Argentina.

Debido a la riqueza de sus recursos forestales, oceánicos, costeros y de biodiversidad, así como a su gran competencia técnica en materia de medición del carbono, la región es también una geografía prioritaria para las Soluciones Climáticas Basadas en la Naturaleza (Nature-Based Climate Solutions NCS, en inglés). Junto con la globalización, la integración económica y la creación de leyes e instituciones ambientales en los últimos años, el sector privado de muchos países de América Latina y el Caribe ha adoptado principios y prácticas de responsabilidad ambiental.

La crisis económica de Covid-19 presenta grandes desafíos para la región de América Latina y el Caribe. En este contexto, los gobiernos y las empresas que ya están comprometidos en el camino hacia las bajas emisiones y el desarrollo sostenible podrían verse tentados a desviarse de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo para abordar necesidades más inmediatas a corto plazo. Las oportunidades para impulsar el crecimiento económico a largo plazo y financieramente sostenible y crear millones de puestos de trabajo deben asegurarse en industrias más limpias. En un informe reciente de ONU-Clima se ha comprobado que se pueden crear 35 millones de empleos verdes en ALC si la región invierte en una matriz de energía 100% renovable y electrifica su sector de transporte. En la misma línea, decenas de millones de empleos podrían crearse en los sectores forestal, rural y costero a través de la conservación y restauración de los bosques, así como de proyectos de agricultura sostenible y de carbono azul, financiados con créditos de compensación de carbono, bonos verdes y otras herramientas innovadoras de financiación utilizando los ODS y los Contribuciones determinadas a nivel nacional (en inglés NDC) como puntos de referencia.

En este contexto, los países de la región de América Latina y el Caribe deberán diseñar sus estrategias de recuperación de acuerdo con sus necesidades y circunstancias, preferentemente basadas en criterios de bajas emisiones y de desarrollo sostenible. En el diseño de dichas estrategias, será necesario considerar tanto la escala de recursos e incentivos necesarios, como las diferentes fuentes de financiamiento, las herramientas de política y las industrias/sectores para impulsar el ajuste.

Actualmente, los países de la región financian sus estrategias de recuperación a partir de fuentes internacionales, como los paquetes de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de fondos nacionales, públicos y privados. Además, los gobiernos pueden ajustar sus marcos normativos para aliviar el costo de cumplimiento de las diferentes normas en beneficio de los ciudadanos o industrias vulnerables. También pueden reforzar los reglamentos, las normas y la supervisión en los sectores o industrias que presenten un mayor riesgo para la economía o la salud pública.

Las medidas de estímulo que se utilizan comúnmente para incentivar la recuperación económica en tiempos de crisis incluyen transferencias directas del gobierno y préstamos con intereses subvencionados, préstamos fiscales, reestructuración o condonación de deudas, fondos de estabilización e inversión en proyectos de infraestructura y obras públicas, entre otros. El destino de los recursos puede variar desde las empresas y organizaciones hasta las comunidades y los ciudadanos, según las geografías, sectores e industrias prioritarias de cada país. Algunas áreas de interés para las «Estrategias de Recuperación Verde/Sostenible» en los países de América Latina y el Caribe incluyen:    

1) Incentivos comerciales y de inversión para productos y servicios no contaminantes y sostenibles

2) Incentivos de precios para las industrias de uso intensivo de energía, incluida la fijación de precios del carbono y la eliminación gradual de las subvenciones en sectores clave que son perjudiciales para el medio ambiente.

3) Inversión pública/privada en capital natural, capacidad de recuperación, adaptación y sistemas agroforestales, pesqueros y alimentarios sostenibles, incluidas las soluciones climáticas basadas en la naturaleza.

4) Automatización de procesos, digitalización y virtualización de transacciones y servicios.

5) Inversión en industrias y sectores con alto potencial de creación de empleo ecológico/sostenible.

6) Reconfiguración de la inversión en infraestructura en el transporte-movilidad, vivienda, educación, servicios, entretenimiento y ocio.

7) Inversión en investigación y desarrollo para impulsar la innovación y mejorar los productos y procesos hacia patrones sostenibles de producción y consumo.

8) Incentivos regulatorios y fiscales para empresas sostenibles.

Basándose en el modelo de la CPLC para mejorar el diálogo, crear conocimiento e impulsar la promoción entre los líderes públicos y privados, se propone un proceso de diálogo público-privado para identificar oportunidades y proyectos concretos en el área de la fijación de precios del carbono, la financiación sostenible y la recuperación económica de la crisis de Covid-19. La iniciativa podría comenzar en países activos en la esfera de la fijación de precios del carbono, como México, Colombia, Chile y la Argentina, pero también en otros que estén considerando la posibilidad de utilizar instrumentos de fijación de precios del carbono a nivel subnacional o entre agentes privados como el Brasil, y con un alto potencial de inversión en sectores de la NCS, como Guatemala, Costa Rica y el Perú.

La IETA ya ha iniciado un proceso para desarrollar estrategias de Soluciones Climáticas Naturales en la región, comenzando con Colombia, México y Brasil. En el norte del hemisferio, el gobierno federal de Canadá, algunas provincias canadienses así como algunos estados de los EE.UU., podrían estar interesados en participar. En el proceso se podría considerar la participación de representates de las siguientes áreas:

  • Gobiernos nacionales y subnacionales
  • Bancos Centrales
  • Grupos empresariales y empresas privadas con perfil ecológico/sostenible
  • Asociaciones bancarias y financieras
  • Las ONG y los grupos de expertos
  • Organizaciones y líderes juveniles
  • Cooperativas
  • Organizaciones internacionales y bancos de desarrollo: Banco Mundial, CFI, CPLC, BID, CAF, ONU-CEPAL, ONU-Clima, ONU-Medio Ambiente, PNUD, BDC, OCDE, GGGI.

David Poveda