Recuperación Verde basada en la fijación de precios del carbono y la Financiación Sostenible para América Latina


Escrito por Enrique Lendo, Business Development Mexico Advisor


El panorama económico actual es complejo, un escenario diferente de todas las proyecciones de sostenibilidad que se tenían para el 2020. A nivel macroeconómico, los gobiernos pueden ahora elegir si los incentivos incorporados en sus políticas de recuperación económica se dirigirán a las industrias tradicionales, menos competitivas y más contaminantes, o a los sectores que generarán beneficios económicos y bienestar social a largo plazo. Por ejemplo, la inversión en energía renovable podría aportar ganancias de 100 billones de dólares, crear 42 millones de nuevos empleos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la energía en un 70% para 2050.

A nivel micro, los fabricantes tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias de las cadenas de valor de un mundo menos interconectado y encontrar proveedores de insumos más cercanos a sus centros de producción. En el sector de los servicios, la digitalización y la virtualización se han ampliado como nunca antes, fomentando la innovación y el desarrollo de nuevos productos y procesos. Sólo estas empresas y sectores capaces de adaptarse con creatividad y rapidez sobrevivirán en el mundo post-Covid.

En los próximos meses se movilizarán billones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de los gobiernos nacionales, los grupos regionales y las jurisdicciones subnacionales han manifestado su intención de tener en cuenta los principios de sostenibilidad y los instrumentos de política en sus planes de recuperación económica. La Unión Europea ha ratificado su compromiso de emisiones netas cero para 2050 al establecer un » Acuerdo Verde» en el centro de su estrategia de recuperación económica, mientras que el nuevo gobierno de Corea del Sur basará su plan de recuperación económica en incentivos para la recuperación verde a fin de alcanzar la neutralidad en materia de carbono para 2050.

En América, esta cuestión ha formado parte del debate en las recientes elecciones legislativas de los Estados Unidos y las próximas elecciones nacionales, en las que los legisladores han propuesto un «Acuerdo Verde» como uno de los pilares de la estrategia de recuperación económica. Además, varios gobiernos regionales, como los de Nueva York y California, han incorporado objetivos climáticos y ecológicos en sus planes de recuperación económica. Por otra parte, el gobierno federal del Canadá ha declarado que la crisis no obstaculizará su compromiso con el cambio climático y está apoyando proyectos de inversión para ayudar a las industrias a cumplir sus objetivos en materia de emisiones de metano. Sin embargo, notablemente, los programas de cambio climático y sostenibilidad han estado ausentes en el lenguaje de los políticos, directores generales y otros responsables de la toma de decisiones en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Aunque ALC contribuye sólo un 11% a los gases de efecto invernadero (GEI) mundiales, la región es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, muchos países de la región se han destacado por sus estrategias de mitigación y adaptación, con esquemas emergentes de fijación de precios del carbono en México, Colombia, Chile y Argentina.

Debido a la riqueza de sus recursos forestales, oceánicos, costeros y de biodiversidad, así como a su gran competencia técnica en materia de medición del carbono, la región es también una geografía prioritaria para las Soluciones Climáticas Basadas en la Naturaleza (Nature-Based Climate Solutions NCS, en inglés). Junto con la globalización, la integración económica y la creación de leyes e instituciones ambientales en los últimos años, el sector privado de muchos países de América Latina y el Caribe ha adoptado principios y prácticas de responsabilidad ambiental.

La crisis económica de Covid-19 presenta grandes desafíos para la región de América Latina y el Caribe. En este contexto, los gobiernos y las empresas que ya están comprometidos en el camino hacia las bajas emisiones y el desarrollo sostenible podrían verse tentados a desviarse de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo para abordar necesidades más inmediatas a corto plazo. Las oportunidades para impulsar el crecimiento económico a largo plazo y financieramente sostenible y crear millones de puestos de trabajo deben asegurarse en industrias más limpias. En un informe reciente de ONU-Clima se ha comprobado que se pueden crear 35 millones de empleos verdes en ALC si la región invierte en una matriz de energía 100% renovable y electrifica su sector de transporte. En la misma línea, decenas de millones de empleos podrían crearse en los sectores forestal, rural y costero a través de la conservación y restauración de los bosques, así como de proyectos de agricultura sostenible y de carbono azul, financiados con créditos de compensación de carbono, bonos verdes y otras herramientas innovadoras de financiación utilizando los ODS y los Contribuciones determinadas a nivel nacional (en inglés NDC) como puntos de referencia.

En este contexto, los países de la región de América Latina y el Caribe deberán diseñar sus estrategias de recuperación de acuerdo con sus necesidades y circunstancias, preferentemente basadas en criterios de bajas emisiones y de desarrollo sostenible. En el diseño de dichas estrategias, será necesario considerar tanto la escala de recursos e incentivos necesarios, como las diferentes fuentes de financiamiento, las herramientas de política y las industrias/sectores para impulsar el ajuste.

Actualmente, los países de la región financian sus estrategias de recuperación a partir de fuentes internacionales, como los paquetes de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de fondos nacionales, públicos y privados. Además, los gobiernos pueden ajustar sus marcos normativos para aliviar el costo de cumplimiento de las diferentes normas en beneficio de los ciudadanos o industrias vulnerables. También pueden reforzar los reglamentos, las normas y la supervisión en los sectores o industrias que presenten un mayor riesgo para la economía o la salud pública.

Las medidas de estímulo que se utilizan comúnmente para incentivar la recuperación económica en tiempos de crisis incluyen transferencias directas del gobierno y préstamos con intereses subvencionados, préstamos fiscales, reestructuración o condonación de deudas, fondos de estabilización e inversión en proyectos de infraestructura y obras públicas, entre otros. El destino de los recursos puede variar desde las empresas y organizaciones hasta las comunidades y los ciudadanos, según las geografías, sectores e industrias prioritarias de cada país. Algunas áreas de interés para las «Estrategias de Recuperación Verde/Sostenible» en los países de América Latina y el Caribe incluyen:    

1) Incentivos comerciales y de inversión para productos y servicios no contaminantes y sostenibles

2) Incentivos de precios para las industrias de uso intensivo de energía, incluida la fijación de precios del carbono y la eliminación gradual de las subvenciones en sectores clave que son perjudiciales para el medio ambiente.

3) Inversión pública/privada en capital natural, capacidad de recuperación, adaptación y sistemas agroforestales, pesqueros y alimentarios sostenibles, incluidas las soluciones climáticas basadas en la naturaleza.

4) Automatización de procesos, digitalización y virtualización de transacciones y servicios.

5) Inversión en industrias y sectores con alto potencial de creación de empleo ecológico/sostenible.

6) Reconfiguración de la inversión en infraestructura en el transporte-movilidad, vivienda, educación, servicios, entretenimiento y ocio.

7) Inversión en investigación y desarrollo para impulsar la innovación y mejorar los productos y procesos hacia patrones sostenibles de producción y consumo.

8) Incentivos regulatorios y fiscales para empresas sostenibles.

Basándose en el modelo de la CPLC para mejorar el diálogo, crear conocimiento e impulsar la promoción entre los líderes públicos y privados, se propone un proceso de diálogo público-privado para identificar oportunidades y proyectos concretos en el área de la fijación de precios del carbono, la financiación sostenible y la recuperación económica de la crisis de Covid-19. La iniciativa podría comenzar en países activos en la esfera de la fijación de precios del carbono, como México, Colombia, Chile y la Argentina, pero también en otros que estén considerando la posibilidad de utilizar instrumentos de fijación de precios del carbono a nivel subnacional o entre agentes privados como el Brasil, y con un alto potencial de inversión en sectores de la NCS, como Guatemala, Costa Rica y el Perú.

La IETA ya ha iniciado un proceso para desarrollar estrategias de Soluciones Climáticas Naturales en la región, comenzando con Colombia, México y Brasil. En el norte del hemisferio, el gobierno federal de Canadá, algunas provincias canadienses así como algunos estados de los EE.UU., podrían estar interesados en participar. En el proceso se podría considerar la participación de representates de las siguientes áreas:

  • Gobiernos nacionales y subnacionales
  • Bancos Centrales
  • Grupos empresariales y empresas privadas con perfil ecológico/sostenible
  • Asociaciones bancarias y financieras
  • Las ONG y los grupos de expertos
  • Organizaciones y líderes juveniles
  • Cooperativas
  • Organizaciones internacionales y bancos de desarrollo: Banco Mundial, CFI, CPLC, BID, CAF, ONU-CEPAL, ONU-Clima, ONU-Medio Ambiente, PNUD, BDC, OCDE, GGGI.

Proyectos Cookstoves: Alternativas limpias que benefician a la comunidad y al medio ambiente


 Escrito por Natalia Rodrigo, Head of Group Business Development. 


El impacto de la contaminación atmosférica proveniente del uso de madera y carbón vegetal como combustible para cocinar representa un 2% de las emisiones mundiales de GEI. El uso de la madera proviene de prácticas de recolección insostenibles e incontroladas, que conducen a la degradación de los bosques y su consecuente pérdida de capacidad de absorción de carbono. De igual forma, la degradación de los bosques está directamente relacionada con la erosión del suelo, la contaminación del suelo y el agua, el aumento del riesgo de inundación y la pérdida de biodiversidad, entre otros.

Se ha reportado que cerca de 3.000 millones de personas hacen uso de este tipo de proceso de cocina doméstica, principalmente en los países menos desarrollados (PMD). Aparte de los daños a la naturaleza y la protección del medio ambiente, esta práctica tradicional de la cocina doméstica también tiene impactos tangibles en la salud pública.

Como resultado, con la urgencia de intentar cambiar esta dramática situación, se han creado iniciativas locales. Estas estrategias cuentan con el apoyo de alianzas internacionales e inversores, que promueven la sustitución gradual de las estufas de combustible a base de leña y de carbón vegetal a dispositivos más eficientes, lo que permite reducir del 30 al 90% las emisiones de CO2 resultantes de la cocina doméstica. La tasa de reducción depende, por supuesto, de la tecnología y el tipo de combustible utilizado en cada estufa.

Mitigar el cambio climático y la degradación del medio ambiente requiere una industria inclusiva que haga que cocinar con tecnologías limpias sea accesible a los tres mil millones de personas que viven sin ella. Desde ALLCOT, desarrollamos y apoyamos proyectos de demanda energética basados en la mejora de la eficiencia de las estufas de cocina doméstica tradicionales.

En general, los proyectos eficientes de cocina fomentan no sólo reducciones de GEI, sino también incentivan el desarrollo sostenible entre las comunidades locales al buscar la integración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Con este proyecto de entrega de estufas eficientes, podemos impactar 10 ODS diferentes a la vez:

ODS 3 Buena salud y bienestar:  Los proyectos eficientes de cocina eliminan el carbón usado en los dispositivos tradicionales, promoviendo la disminución de las tazas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

ODS 4 Educación de calidad: Los proyectos de cocina eficientes componen una estrategia educativa basada en la operación y el mantenimiento, fundamentado en la consciencia tanto ambiental como con respecto a la salud y la prevención.

ODS 5 Igualdad de género: Las mujeres están empoderadas en toda la ejecución de estos proyectos debido al hecho de su liderazgo en la estrategia educativa.

ODS 6 Agua limpia y saneamiento: Programas de sensibilización en todas las comunidades locales, en términos de la importancia de hervir el agua para prevenir enfermedades gastrointestinales.

ODS 7 Energía asequible y limpia: Las estufas eficientes se basan en dispositivos de uso a largo plazo, lo que aumenta el consumo efectivo de combustible, lo que implica un ahorro tangible de dinero en todas las comunidades locales.

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura: Se crea una industria inclusiva, basada en la investigación y desarrollo además de la mejora de la infraestructura, entorno a proyectos de cocina eficientes.

ODS 10 Reducir las desigualdades: Las estufas de cocina eficientes tienen precios bajos, lo que anima a las comunidades locales a adquirir esta tecnología.

ODS 13 Acción climática: Los proyectos de estufas de cocina eficientes permiten reducir del 30 al 90% de las emisiones de CO2 que provienen de los artefactos de cocina tradicionales.

ODS 15 La vida en tierra: Los proyectos de estufas de cocina eficientes promueven una lucha eficaz contra la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad.

ODS  17 Asociación para los objetivos: estos proyectos promueven una industria inclusiva, así como alianzas institucionales alrededor del mundo pueden crearse a partir de estos proyectos de cocinas eficientes.

Este proyecto es el ejemplo de la efectividad de los proyectos transversales, que mediante una acción concreta logran abordar distintas problemáticas. Por esta razón, ALLCOT continúa apostando por este tipo de acciones que representan un beneficio a largo plazo tanto para la comunidad como para el medio ambiente.

Punto de Inflexión


Escrito por Enrique Lendo, Business Development Mexico Advisor


El día mundial del medio ambiente es una fecha emblemática. El 5 de junio de 1972, la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano marcó el inicio de un proceso que a la fecha ha concretado más de 500 acuerdos internacionales de cooperación ambiental. México ha suscrito cerca de 100 de estos acuerdos cuya instrumentación fortalece nuestra capacidad de gestión y nos posiciona como actor comprometido con los retos globales.

Actualmente, la mayoría de los países del mundo cuentan con leyes e instituciones ambientales. Sin embargo, éstas no han frenado el deterioro del medio ambiente global. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado desde 1992, año de adopción de la Convención de Cambio Climático. También hemos perdido el 80% de la biomasa de especies silvestres y la mitad del área de los ecosistemas como resultado de la deforestación, contaminación y urbanización acelerada. Más de un millón de especies en el mundo están en peligro de extinción.

Pero en los últimos años también se han mejorado las metodologías para monetizar los impactos del cambio climático y la contribución del capital natural a la economía. Por ejemplo, hoy sabemos que la aportación de la biodiversidad a los sistemas productivos equivale a 1.5 veces el PIB global. También sabemos que los costos económicos de los desastres naturales superan los 100 mil millones de dólares al año y el costo del cambio climático podría alcanzar el 15% del PIB global en 2050.

Es por ello que los mercados de capital están ajustando sus modelos de riesgo para considerar los costos climáticos y ambientales de los proyectos de inversión. Por un lado, la infraestructura física es cada vez más vulnerable a fenómenos meteorológicos y, por el otro, las nuevas generaciones de consumidores e inversionistas demandan productos y servicios más responsables con el entorno. El Banco de México presentó recientemente el Reporte de Riesgos y Oportunidades Climáticas y Ambientales para el Sector Financiero, perfilándolo hacia esquemas de medición que premian la sustentabilidad y castigan la contaminación. Lo que no fue corregido por los gobiernos ahora será corregido por los mercados.

La crisis post-Covid presenta un punto de inflexión en el que gobiernos y empresas deberán definir entre modernizarse y transitar hacia patrones sustentables o perpetuar modelos de crecimiento ineficientes y de corto plazo. En las últimas semanas, países, bloques regionales y gobiernos subnacionales alrededor del mundo han anunciado estrategias de recuperación verde. La Unión Europea acaba de presentar su estrategia que integra 750 mil millones de euros para financiar infraestructura baja en carbono. En Estados Unidos los demócratas posicionan un “Pacto Verde” de cara a las próximas elecciones, mientras que Corea e Indonesia ya implementan estrategias de recuperación verde.

En contraste, la sustentabilidad ha estado ausente en el discurso de los tomadores de decisiones en América Latina no obstante su potencial para generar inversión, empleos y prosperidad de lago plazo. Un estudio reciente de la ONU destaca que la transformación a energía renovable y electrificación del transporte generaría 35 millones de empleos en la región. Sólo en México, millones de personas que habitan las zonas boscosas y rurales podrían beneficiarse mediante compensaciones por producción sustentable.  Pero para capitalizar estas oportunidades es indispensable que los gobiernos diseñen sus políticas de recuperación con una visión integral y de largo plazo. Nunca antes se nos había presentado una oportunidad tan atractiva y viable para redefinir nuestro modelo de desarrollo.

  *Enrique Lendo es ex negociador del gobierno de México en foros internacionales y experto en temas económicos y de desarrollo sustentable.

Artículo publicado en el diario Reforma

 

Los principios de vida de los pueblos indígenas, una alternativa para la comunicación


Escrito por Ronal Cubeo, Climate Change Mitigation Consultant


De los problemas que nos aquejan como humanidad, el más mediático es el de la pandemia denominada COVID 19. Sin duda, la expansión, magnitud y el impacto que ha tenido sobre países en diferentes estados de desarrollo industrial y tecnológico ha generado grandes retos, quizás uno de los más importantes sea el de la comunicación.

Me encomendaron la labor de redactar un pequeño escrito sobre “La importancia de la comunicación en época de COVID” y, a su vez relacionarlo con el concepto de MALOCA, en ese sentido, es necesario precisar el concepto y la connotación de MALOCA en los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. La Maloca tiene como mínimo tres funciones: primero, como espacio físico en el que habitan familias; segundo, como espacio vital para la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, representa por excelencia el espacio de trasmisión del conocimiento de cada pueblo mediante la oralidad —desde los orígenes de cada ser vivo, la relación entre el hombre y los seres que lo rodean, así como la relación con los seres creadores que habitan en los otros espacios, los rituales de curación y los bailes tradicionales se realizan en este espacio —; tercero, como espacio político, es también un espacio de discusión sobre temas que atañen la organización y vida de los pueblos indígenas.

En materia de comunicación, cabe mencionar que los pueblos indígenas amazónicos, si bien presentan particularidades en su cosmovisión, también presentan elementos comunes. Uno de ellos es que para comunicarse entre sí mismos y con los demás, lo primero que se debe hacer es “ordenar el pensamiento” para poder trasmitir palabras que tengan contenido, contenido de vida.

¿Qué pueden aportar los pueblos indígenas en materia de comunicación ante la actual crisis por la pandemia? Lo primero que debemos mencionar es que, en la cosmovisión de los pueblos indígenas, la tierra y los seres vivos y demás elementos que la componen están íntimamente relacionados. En un principio, cuando el Ser Creador(a) dispuso cada ser, cada elemento, les asignó una función, al hombre le corresponde “administrar” de manera armónica esos elementos para mantener el orden que le fue dado. Las enfermedades son una consecuencia de la transgresión humana a esos esos principios, cuando el hombre mira la naturaleza como recursos y los recursos como mercancías susceptibles de ser explotadas, esa racionalidad altera los principios de vida del mundo indígena, y por lo tanto se generan cambios, con sus respectivas consecuencias.

En ese sentido, lo que en materia de comunicación pueden aportar los pueblos indígenas está ligado a la vida misma, y se remite a los principios de la vida, a retomar los canales de comunicación con la naturaleza y demás elementos que la componen de forma holística, a partir del principio de responsabilidad con la pervivencia de la humanidad. Esto bajo la premisa que la tierra y todo la compone nos fue dada por el Ser Creador(a) para ser “administrada” de forma responsable, sin alterar sus ciclos naturales.

ALLCOT, cuyo objetivo es contribuir mediante proyectos ambientalmente responsables a la reducción de los GEI, está llamada a explorar canales de comunicación con comunidades locales, siendo consciente de los desafíos que implica adelantar proyectos concertados con diferentes actores locales, en un país cuyas realidades territoriales configuran lo que Uribe de Hincapié (1999) denomina “Soberanía mixta”, es decir, el ejercicio de la gobernanza local como confluencia de distintos actores.

El acercamiento con pueblos indígenas permitirá explorar otras formas de organizaciones propia de cada pueblo, otras formas de entender el mundo, de entender la naturaleza y, ante todo, otras formas de comunicarse y relacionarse con la tierra, con la vida misma. Entender los principios de vida de cada sociedad es el paso ineludible para asumir el reto de una comunicación asertiva.

La invitación es a entender esas “otras” formas de comprensión de la vida, a buscar esos conocimientos en el “otro” que permitan generar espacios de debate y decisiones en torno a lo ambiental. Para los pueblos indígenas, “lo que no está en el conocimiento indígena, está en el otro conocimiento” (Palma, 2019), el otro conocimiento es aquel ajeno al mundo indígena, pero no por ello debe ser ajeno a su entendimiento, los saberes deben complementarse, no excluirse. Explorar y comprender esas “otras” formas de entender la vida puede aportar bastante a la agenda ambiental, nacional y global.

El camino hacia un futuro sostenible


 Escrito por Ginna Castillo, Climate Change Mitigation Consultant


Históricamente hablando, las ciudades emergieron como lugares de encuentro y aglomeración. Hoy en día, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en esos lugares, una proporción que se espera que aumente al 68% para el 2050. Con la actual pandemia de COVID-19, la estrategia más eficaz para evitar la exposición al virus ha sido el distanciamiento social, lo que significa que el 55% de la población debe replantearse su forma de vida para evitar el Coronavirus. En cuanto al transporte, están surgiendo nuevas preguntas sobre cómo moverse por la ciudad permaneciendo sano o incluso si es necesario moverse diariamente en absoluto.

Hasta el momento, incluso bajo estricto confinamiento, la gente que desempeña labores esenciales tiene que desplazarse todos los días. Ahora, como algunos sectores de la economía se están reabriendo gradualmente en algunos países, la posibilidad de contacto social es cada vez mayor, por lo que los ciudadanos están migrando drásticamente a medios de transporte  individuales y asequibles. Los gobiernos también están participando en este cambio fomentando el uso de vehículos sin motor o desplazarse caminando. Hay alrededor de 250 acciones locales en todo el mundo para apoyar la caminata y el uso de la bicicleta durante el distanciamiento social (Conjunto de datos del Centro de Información sobre Peatones y Bicicletas).

No hay duda de que la bicicleta se está convirtiendo en el medio de transporte más flexible durante la pandemia, ya que permite recorrer distancias más largas que desplazarse caminando, además con un gasto mínimo o cero a diario. Según el Foro Económico Mundial, la mayoría de las iniciativas locales tienen que ver con paseos gratuitos en servicios de bicicleta compartidos y la disponibilidad de más kilómetros de carriles para bicicleta, mediante la adaptación de  carreteras locales o incluso autopistas, en ciudades como Bogotá, Milán, Barcelona o Bruselas, por nombrar algunas. Mientras tanto, los esfuerzos de colaboración comunitaria también están contribuyendo a transformar la movilidad urbana a través de proyectos como Lend-A-Bike en Manila.

Estas iniciativas gubernamentales o comunitarias tienen el potencial de continuar después de que la pandemia de COVID 19 haya terminado, incluso si la mayoría de ellas sólo se llevan a cabo como medidas temporales durante el confinamiento. Un primer paso en esta dirección lo está dando el gobierno de la región de Île-de-France, que ahora contempla la bicicleta como el principal medio de transporte después del confinamiento (LeParisien). Pero eso es sólo la punta del iceberg, los debates sobre la movilidad se están produciendo en todas partes y están surgiendo nuevos interrogantes sobre los viajes innecesarios en automóvil, el trabajo en casa, la proximidad a los puestos de trabajo y los distintos servicios, entre otros.

Es bien sabido que el cambio climático es uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo, por lo que si todas las ciudades prestaran atención a estas nuevas inquietudes e iniciativas, en lugar de continuar la misma situación en la que vivíamos antes de la pandemia, se producirían cosas maravillosas, simplemente porque ahora somos capaces de cambiar los hábitos a escala mundial. Para empezar, y sólo con el ciclismo, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían drásticamente. Según el ranking de medios de transporte urbano realizado por travelandmobility.tech, moverse en un coche de gasolina genera cerca de un 96% más de emisiones que moverse en bicicleta (gramo por pasajero-kilómetro). Esto es durante todo el ciclo de vida de cada vehículo: fabricación, operación, mantenimiento y eliminación.

No obstante, esto parece ser el primer paso de un camino muy largo.De aquí en adelante, las ciudades tendrán el desafío de redistribuir el espacio público y quizás redefinir la jerarquía de las calles anteponiendo las personas a los coches. El uso del suelo tendrá que ser aún más diverso para garantizar la proximidad entre las casas, los servicios y los trabajos, de modo que las distancias para los desplazamientos sean transitables a pie o adecuadas para la bicicleta.  Por último, pero no menos importante, el transporte público se hará más relevante en las largas distancias y la intermodalidad tendrá que hacerse realidad. Todos estos cambios conducirán en última instancia a una forma de vida más sostenible y a un futuro más sostenible.

Crisis y Medio Ambiente


Escrito por Enrique LendoBusiness Development Mexico Advisor


En enero, 2020 se perfilaba para convertirse en el “Super Año” del desarrollo sustentable. Un número creciente de empresas globales con activos cercanos a $40 billones de dólares se comprometieron a transitar hacia patrones de producción y financiamiento más responsables y bajos en emisiones. Por primera vez en su historia, el reporte de riesgo del Foro Económico Mundial posicionó los riesgos climáticos y ambientales por encima de los económicos y geopolíticos. En el marco de la ONU, se tomarían decisiones fundamentales sobre cambio climático, biodiversidad y océanos que hoy en día han sido postergadas por la pandemia.

El COVID-19 ha evidenciado nuestra vulnerabilidad como especie humana ante fenómenos biológicos y naturales y también la de nuestros sistemas económicos y políticos ante emergencias globales. El manejo irracional de los ecosistemas y la biodiversidad ha provocado que los virus se magnifiquen y evolucionen y el cambio climático que alcancen nuevas latitudes y aceleren su propagación con cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

Por su parte, las medidas de aislamiento recomendadas para contener la propagación de la pandemia generan cambios significativos en la escala y la estructura de la economía global. En 2020 tendremos la recesión económica más pronunciada de la historia con contracciones del 13% del comercio y 2.5% del PIB global e impactos a 1,600 millones de empleos alrededor del mundo. La contracción del PIB en México será de entre 6 y 10% al final de 2020. 

Pero la crisis económica derivada de la pandemia también ofrece una oportunidad sin precedente para restructurar nuestro sistema económico hacia patrones de producción y consumo más sustentables tanto en el ámbito ambiental como en el financiero y social.  A nivel macro, los gobiernos pueden definir, en el marco de sus políticas de recuperación económica, si los incentivos serán canalizados a sectores tradicionales, menos competitivos y más contaminantes o a sectores con potencial de generar beneficios económicos y bienestar de largo plazo. 

Por ejemplo, según la IRENA, las inversiones en energías renovables podrían producir beneficios equivalentes a $100 billones de dólares al 2050, o rendimientos de inversión de entre $3 y $8 dólares por cada dólar invertido. Dicha inversión tiene además el potencial de crear 42 millones de empleos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía en 70%. En contraste, las energías fósiles son responsables de más del 70% de las emisiones globales de bióxido de carbono, reciben subsidios por $5 billones de dólares al año y en el caso del petróleo han registrado precios negativos en los últimos días. Hoy las pérdidas de la empresa petrolera mexicana Pemex cuestan 24 mil millones de dólares a los contribuyentes y las subastas para colocar certificados de energía limpia se han postergado.  

A nivel micro, las empresas tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias de las cadenas de suministro en un mundo menos interconectado e identificar proveedores más cercanos a sus centros de producción. En el sector servicios, la digitalización y economía virtual ha crecido como nunca, fomentando la innovación y el desarrollo de nuevos productos y procesos. Solo las empresas y sectores que se adapten con ingenio y celeridad sobrevivirán en el mundo post-covid. Sin embargo, para que las empresas transiten hacia patrones de producción y consumo más sustentables es imprescindible que los incentivos se diseñen adecuadamente. En los paquetes de recuperación económica no se deben relajar las normas y compromisos ambientales o favorecer con apoyos a industrias contaminantes sobre industrias limpias, porque se estará perpetuando la ineficiencia y mermando la oportunidad de incentivar un desarrollo económico más sustentable.

Novedades del mercado del carbono en Colombia


Escrito por Andrés Melendro, Sustainability Consultant.


A finales del mes de noviembre se llevó a cabo en Bogotá el primer congreso de ASOCARBONO, la Asociación Colombiana de Actores del mercado de Carbono. ALLCOT es miembro y participa activamente de la dinamización del mercado. Entro los mandatos de ASOCARBONO, ALLCOT quisiera incluir la tarea de abogar porque el sector financiero en Colombia considere a los bonos de carbono como un activo financiero.

En cuanto a la evolución del sector, si bien las novedades son múltiples, hay un par de constantes que vale la pena resaltar. Por un lado, la demanda de bonos de carbono sigue siendo muy superior a la oferta. Por otro, la mayoría de los proyectos certificados tanto para el mercado regulado, como para el voluntario siguen siendo forestales. 

Entre las novedades están la entrada de certificadores nacionales de proyectos de reducción de emisiones y el fortalecimiento de la presencia de los certificadores internacionales. Esto contribuirá a aumentar la capacidad de trámite de certificados, a reducir los tiempos del proceso y debería permitir que proyectos antiguos aún alcancen a ser registrados.

En esta misma línea, se anticipa un acercamiento entre los verificadores y los desarrolladores de proyectos. Verra se ha propuesto poner a disposición todos los documentos requeridos en español, para de esta manera eliminar la barrera lingüística. También lanzará una línea de certificación más sencilla para proyectos de pequeña escala en zonas rurales y enfocado a las soluciones basadas en la naturaleza. De este modo, en 2020 deberíamos asistir a un aumento en el número de proyectos registrados y a una diversificación de los actores que los gestionan.

Ahora bien, a nivel sectorial podría presentarse igualmente una diversificación, dado el potencial de reducción que existe en otros sectores diferentes al forestal, como el energético. Este fue el tema del panel en el que Alexis Leroy, CEO de ALLCOT, participó como ponente.

A pesar de la baja eficiencia del sector industrial en Colombia, a la fecha no se han emitido bonos de eficiencia energética. Ecopetrol, la petrolera estatal y mayor empresa del país, está camino a emitir los primeros en las próximas semanas, gracias a un proyecto en su refinería de crudo de Barrancabermeja. Sin embargo, en general hay poca medición del gasto energético, que sirve como línea base para eventuales reducciones.

Hay dos factores que explican esta observación. La pequeña industria es adversa al riesgo y no dispone de recursos. Es necesario resaltar que los desarrolladores de proyectos de carbono pueden compartir el riesgo de dichas inversiones. Los industriales deben cambiar su cultura organizacional y medir sistemáticamente sus inversiones en energía y las fugas de esta. Además, existe amplio potencial en documentar proyectos de eficiencia pasados y que no requieren inversiones suplementarias para ser registrados.

Los bonos de eficiencia energética servirán no solo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino también para mejorar la competitividad industrial del país. ALLCOT será un aliado para alcanzar ambos objetivos.

ALLCOT y las comunidades indígenas: aliados en los proyectos forestales


Escrito por Andrés Melendro, Sustainability Consultant.


Las comunidades indígenas son actores clave en la mitigación del cambio climático y de la sostenibilidad de sus territorios. A nivel regional, según el informe Estado de la Amazonia publicado por WWF en 2017, los territorios de las comunidades indígenas corresponden a 33% de la Amazonía y tan solo a 8% de las tierras deforestadas. Esto pone de relieve su papel esencial en la lucha contra la deforestación. Durante la última década, la tecnología ha empoderado a los indígenas en el monitoreo de sus territorios, lo cual ha permitido que las empresas que extraen recursos naturales rindan más cuentas. Por ejemplo, los dispositivos de GPS son usados por los grupos indígenas para reportar delitos ambientales.

En Colombia, los resguardos indígenas han estado históricamente localizados en el corazón de los territorios controlados por grupos al margen de la ley y de las rutas del narcotráfico.  Al haber sido golpeadas de lleno por el conflicto armado entre guerrillas y el ejército colombiano, su desarrollo económico se frenó y sus índices de desarrollo son hoy inferiores al promedio nacional. 

Las comunidades Inga y Kamsá, originarias del Alto Putumayo y del Caquetá respectivamente (ambas en el sur de Colombia) juegan un papel clave en esta nueva etapa de sus regiones, en el cual el restablecimiento progresivo del orden público puede generar la intensificación de los motores de la deforestación. Putumayo y Caquetá son dos departamentos que hacen parte de la Amazonía colombiana. Por estar en zona de transición entre esta y la zona Andina, la más poblada y centro económico de Colombia, presentan unas de las tasas de deforestación más altas del país. Además, el postconflicto ha significado la llegada de colonos y de grandes grupos económicos, lo cual se refleja en cambios de uso de suelo hacia la agricultura, ya sea de latifundio o de subsistencia. Tanto la frontera agrícola como la extracción de madera y la ganadería ejercen presión sobre los bosques. Vale la pena recordar que el sector forestal es el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia, responsable del 36% de las emisiones, según el Inventario Nacional de GEI. De ahí su importancia para alcanzar las metas de la contribución determinada a nivel nacional (NDC) del país.

ALLCOT coordina proyectos forestales con el objetivo de que los bosques se preserven y sigan jugando su rol de sumideros de carbono. Desde la fundación de ALLCOT hace 10 años, el proceso de consulta social ha sido riguroso y las comunidades indígenas han sido aliados de varios proyectos forestales. La consulta social realizada por ALLCOT siempre se rige por el principio de consentimiento previo, libre e informado. A través de los fondos derivados proyectos forestales que ALLCOT desarrolla es posible mejorar los indicadores ligados a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como acceso a energía las 24 horas, tasa de escolaridad o tasa de mortalidad infantil. El objetivo último es que el desarrollo social y económico de los habitantes de la zona se pueda alcanzar en paralelo de la protección forestal, para así cumplir a la vez con la Agenda 2030 y con el Acuerdo de París. Esta es la misión de ALLCOT y el conocimiento ancestral con el que cuentan los indígenas sobre las áreas boscosas es una herramienta clave.

La neutralización de carbono debe tener el mismo valor que los PPA para la financiación de proyectos.


Escrito por Alexis Leroy, CEO ALLCOT


La neutralización de carbono es tan válida y valiosa como la energía renovable

Cualquier persona involucrada en el desarrollo de proyectos de energía limpia en todo el mundo estará familiarizada con la necesidad de asegurar la financiación del proyecto. Los prestamistas generalmente desean ver un flujo de ingresos sólido antes de considerar la financiación de energía renovable o proyectos de energía baja en carbono.

Normalmente, un acuerdo de compraventa de energía (PPA por sus siglas en inglés) cumple con este requisito: un acuerdo de compra a largo plazo con un comprador de alta calidad, ofrece la confianza de que el proyecto generará un flujo de caja constante para pagar su deuda.

Ocasionalmente, un PPA en sí mismo puede no considerarse como una garantía suficiente de rendimiento, o la calidad crediticia del comprador no puede ser lo suficientemente sólida. En estos casos, se puede agregar seguridad adicional en forma de garantías líquidas o bonos de desempeño.

Sin embargo, hay otra fuente de ingresos que puede desempeñar ese papel: los bonos de carbono.

Los bonos de carbono representan el ahorro en emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI). Se miden en función de una línea base en la que el proyecto usaría tecnologías fósiles. De esta manera, un parque eólico, un parque solar o una planta de conversión de residuos el  gas representan un ahorro de emisiones en comparación con electricidad producida a partir de carbón o gas .

El mundo está a la espera de que un nuevo mercado global de neutralización de CO2 reemplace el Mecanismo de Desarrollo Limpio que finalizará cuando el Protocolo de Kyoto sea reemplazado por el Acuerdo de París en 2021. Pero mientras tanto, hay muchas oportunidades para desarrollar y vender bonos de carbono en algunos mercados existentes. Los ingresos deberían ayudar a asegurar la financiación del proyecto.

Sudáfrica y Colombia están a la vanguardia en la creación de mercados de alta confianza para la neutralización de CO2, al permitir que se utilicen en el pago parcial de sus respectivos impuestos nacionales sobre el carbono y, por ende, monetizarlos, al menos en el papel.

Además, la Organización de Aviación Civil Internacional se está preparando para lanzar un mercado global de neutralización de CO2 para las aerolíneas a partir de enero de 2021. Se prevé que la demanda de neutralización de CO2 de las aerolíneas que participan en CORSIA alcanzará los 174 millones de toneladas de C02 equivalente (TCO2e) en 2025 y podría llegar a cerca de 8 mil millones de tCO2e en 2040.

Y más allá de estos mercados formalmente establecidos, respaldados por el gobierno, hay una amplia variedad de programas voluntarios de neutralización de carbono operados por grandes empresas industriales, comerciales y minoristas de todo el mundo. Según Forest Trends, casi 49 millones de neutralizaciones de CO2 fueron retiradas por gobiernos, empresas e individuos en 2018.

Hay muchos desafíos que enfrenta el uso de la neutralización de CO2 como seguridad para la financiación de proyectos. En primer lugar, el flujo de ingresos de la neutralización de CO2 probablemente representaría solo una fracción de los costos generales del proyecto, y para algunos, simplemente no valdría la pena el esfuerzo de incorporar la neutralización de CO2 en el cierre financiero.

Además, las fuentes de ingresos de la venta de bonos de carbono tienden a no ser regulares, sino «desiguales». Los proyectos neutralizados ​​deben presentar una verificación e informe independientes del volumen de emisiones reducido antes de que puedan solicitar la emisión de esos créditos, y los costos asociados con ese proceso generalmente significan que solo es posible realizar emisiones anuales o incluso bianuales. Dicha emisión periódica puede no ser lo suficientemente estable o regular para satisfacer los requisitos de un prestamista.

Sin embargo, al mismo tiempo, utilizar los ingresos de los bonos de carbono para asegurar el financiamiento puede tener dos beneficios significativos: la calidad y la confiabilidad del comprador. En el caso de los países con impuestos al carbono que pueden pagarse parcialmente en neutralización de CO2, el motor de la demanda es el gobierno, y los emisores industriales deben cumplir para cumplir con la ley.

Del mismo modo, en el caso de CORSIA, los compradores finales serán aerolíneas internacionales que buscan cumplir con los objetivos establecidos por el gobierno y aprobados por la ONU.

¿Por qué es importante el uso final de la neutralización de CO2? Debido a que los prestamistas se preocupan no solo por la escala de los flujos de ingresos de un proyecto, sino también por la confiabilidad y solvencia de los compradores. Los compradores de mayor calidad significarán mayor seguridad para el vendedor y, por lo tanto, para el prestamista.

En segundo lugar, es importante comprender que existe un vínculo directo entre la seguridad del suministro de electricidad renovable y la seguridad del suministro de bonos de carbono. Debería darse el caso de que cualquier prestamista que confía en un PPA como garantía para la financiación del proyecto, también debe poder confiar en el flujo de neutralización de CO2 a través de un acuerdo de compra de reducción de emisiones (ERPA).

Los prestamistas considerarán la confiabilidad del proyecto de energía (cuánta energía se espera o calcula entregar a lo largo de cualquier contrato) al estimar el valor del PPA. El PPA, por lo tanto, es una medida del suministro potencial de energía y, por lo tanto, puede ser también una medida del suministro de neutralización de carbono.

En el caso de muchas tecnologías confiables de energía renovable (gas residual, energía solar e incluso eólica), la generación real de energía y la generación de neutralización de CO2 están estrechamente vinculadas.

Un desarrollador de proyectos podría incluso utilizar la entrega futura de bonos de carbono como fuente de capital semilla para un proyecto. Esta era una práctica común bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU. Al organizar un ERPA con un comprador que busca neutralización de CO2 para algún cumplimiento o incluso un propósito voluntario, un desarrollador de proyecto puede usar este ERPA para recaudar capital semilla. Sin duda, el volumen de la neutralización de CO2 puede estar sujeto a un recorte, pero el principio es sólido.

Entonces, ¿por qué los prestamistas no tienen en cuenta los ERPA? Si estamos de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático es primordial, entonces, ¿cómo es posible que no apoyemos a los bonos de de carbono como una fuente de financiación válida, y que puede de hecho ser más valiosa que los megavatios-hora de generación de energía renovable?